El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que establece la obligatoriedad de exámenes toxicológicos para todos los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado provincial, así como para quienes aspiren a ingresar a cargos en la administración.

La medida, que será enviada a la Legislatura para su tratamiento, alcanza al Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de organismos de control y municipios. Incluye desde el gobernador y ministros hasta jueces, legisladores, intendentes, concejales y personal ingresante. El objetivo declarado es reforzar la transparencia, la idoneidad y la confianza ciudadana en las instituciones.

Sáenz remarcó que la disposición es de cumplimiento estricto y no una sugerencia, al sostener que quienes ejercen funciones públicas deben contar con plena aptitud física y psíquica, además de “claridad de juicio” para la toma de decisiones. Según el mandatario, se trata de una medida preventiva para evitar que adicciones comprometan la objetividad e independencia de los funcionarios.

El régimen prevé controles sorpresivos mediante test rápidos homologados para detectar metabolitos de opioides, cannabinoides, cocaína, anfetaminas, benzodiacepinas, barbitúricos y otras sustancias psicoactivas prohibidas. Ante un resultado positivo, se realizará un análisis confirmatorio en laboratorios habilitados, con garantía de cadena de custodia y derecho a contraprueba.

En cuanto a las consecuencias, para cargos electivos y magistrados con estabilidad institucional se activarán los mecanismos constitucionales de remoción, como juicio político o jurado de enjuiciamiento. Para funcionarios designados, el resultado positivo será causal de remoción.

Funcionarios provinciales y legisladores que acompañaron la firma destacaron que la iniciativa busca fortalecer la institucionalidad y dar un ejemplo desde la política frente a la problemática del consumo de drogas, en línea con un enfoque de “transparencia institucional”.