La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía ordenó una auditoría integral sobre las empresas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ante denuncias por posibles maniobras para inflar el cobro de subsidios al transporte público.

La medida incluye la revisión del sistema de compensaciones y la retención preventiva de pagos en los casos donde se detecten irregularidades. La decisión surgió tras una reunión con cámaras empresarias del sector, donde se presentaron acusaciones cruzadas contra determinadas compañías.

Las denuncias apuntan, en particular, al grupo La Nueva Metropol, al que otras empresas señalan por presuntamente asignar boletos de trayectos largos a pasajeros que realizan recorridos cortos. De confirmarse, esta práctica permitiría aumentar artificialmente los datos de demanda utilizados para calcular los subsidios.

La auditoría estará a cargo de la Dirección de Fondos Fiduciarios y abarcará a todas las operadoras del sistema. Contará con apoyo técnico de Nación Servicios S.A. y de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), e incluirá análisis de datos del sistema SUBE, controles operativos y fiscalizaciones presenciales en unidades.

El trasfondo del conflicto está ligado al cambio en el esquema de subsidios vigente desde 2024, que pasó a calcular las compensaciones en función de la demanda real de pasajeros registrada por la SUBE y el índice de pasajeros por kilómetro (IPK). Según fuentes del sector, las presuntas irregularidades podrían involucrar desvíos por hasta $30.000 millones.

Desde la empresa señalada rechazaron las acusaciones y atribuyeron las variaciones a la adaptación al nuevo marco regulatorio. El Gobierno, en tanto, aseguró que el objetivo de la auditoría es garantizar la transparencia y el uso correcto de los fondos públicos.