El Gobierno nacional mantiene abierta la negociación con las provincias por la reducción del Impuesto a las Ganancias para sociedades incluida en el proyecto de reforma laboral, una medida que genera resistencia por su impacto en la coparticipación. Mientras el oficialismo defiende la baja de alícuotas para “mejorar la competitividad”, varios gobernadores advirtieron que no acompañarán si se ven afectados los recursos provinciales.

Desde la Casa Rosada aseguran que, por ahora, no está previsto modificar el capítulo tributario del dictamen que llegará al Senado. El Ejecutivo impulsa reducir la alícuota del 30% al 27% para un tramo de empresas y del 35% al 31,5% para otro, con el argumento de incentivar la inversión y mejorar la rentabilidad empresarial.

Sin embargo, la medida implicaría una caída estimada de $3,1 billones en la recaudación, de los cuales $1,7 billones corresponden a fondos coparticipables. En promedio, las provincias recibirían $144.000 millones menos por mes durante 2026. Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba figuran entre las jurisdicciones más afectadas.

Aunque un sector del Gobierno se muestra inflexible, otras voces oficiales admiten que el tema “sigue en discusión” y que podrían evaluarse ajustes en las escalas, manteniendo algún alivio impositivo, especialmente para empresas más pequeñas.

En paralelo, crece la presión de los gobernadores del norte. Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca) plantearon la necesidad de revisar el capítulo fiscal por el impacto sobre los recursos para sostener servicios esenciales. Desde sus entornos fueron tajantes: acompañarán la reforma solo si no se reduce la coparticipación.

El oficialismo apuesta a que el proyecto avance al Senado tal como fue dictaminado y que, en todo caso, las modificaciones se discutan durante el debate en el recinto, en una negociación que sigue abierta y con final incierto.