En medio del debate por la reforma laboral impulsada por el Gobierno, los gobernadores dialoguistas endurecieron su postura y condicionan su apoyo al proyecto a la implementación de mecanismos de compensación fiscal. El reclamo surge tras conocerse que en enero la coparticipación federal cayó 7,5% en términos reales interanuales, en un contexto de retracción de la actividad y del consumo.

Según informes de CEPA y Politikon Chaco, las transferencias automáticas a las provincias mostraron uno de los peores inicios de año de la última década. El principal factor de arrastre fue la caída del IVA, mientras que Ganancias mostró una mejora marginal. Ambos tributos explican cerca del 95% de la masa coparticipable, por lo que cualquier modificación impacta directamente en las cuentas provinciales.

El conflicto se profundiza porque el proyecto oficial incluye una baja del impuesto a las Ganancias para sociedades, lo que reduciría aún más los recursos coparticipables. Estimaciones privadas calculan que la pérdida para las provincias podría alcanzar $1,7 billones en 2026.

Ante este escenario, mandatarios como Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca) reclamaron compensaciones para sostener servicios esenciales y plantearon volver a coparticipar el impuesto al cheque. Otros gobernadores nucleados en Provincias Unidas pidieron un tratamiento sin apuros y con revisión artículo por artículo.

La situación se agrava por el desplome de las transferencias no automáticas, que en enero cayeron más de 65% real interanual y se ubicaron en mínimos históricos. Con alta dependencia de fondos nacionales, las provincias advierten que el actual escenario fiscal limita su margen de maniobra y vuelve más sensible cualquier cambio en impuestos compartidos.El respaldo de los gobernadores es clave para el oficialismo, especialmente en el Senado, donde su influencia resulta determinante para el avance de la reforma.