El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, convocó a los jefes de todos los bloques a una reunión este miércoles a las 14 para organizar el cronograma de trabajo de las sesiones extraordinarias de febrero. Si bien la prioridad legislativa del Gobierno es la reforma laboral, el oficialismo también busca acelerar el tratamiento del nuevo Régimen Penal Juvenil, con la intención de bajar la edad de imputabilidad a 13 años.

Según fuentes parlamentarias, el encuentro no tendrá un temario cerrado y apuntará a coordinar la conformación de comisiones y definir la fecha de la primera sesión del período extraordinario. El debate sobre el régimen penal juvenil comenzará en Diputados, a diferencia de la reforma laboral, que se iniciará en el Senado.

La iniciativa genera fuertes diferencias políticas. Mientras algunos legisladores consideran que la baja de la edad de imputabilidad puede contribuir a reducir el delito, otros advierten que la discusión no debe centrarse solo en el castigo, sino también en la reinserción y en las condiciones de detención de los menores.

Uno de los principales focos de tensión es la infraestructura y el financiamiento. Desde distintos bloques señalan que el sistema actual no está preparado para absorber un aumento significativo de jóvenes detenidos. Incluso sectores aliados al Gobierno, como parte del PRO, plantean objeciones: proponen fijar la edad mínima en 14 años y remarcan que no existe consenso médico ni psicológico sobre la responsabilidad penal plena a los 13.

Además, legisladores advierten que sin inversión en centros especializados, personal capacitado y programas socioeducativos, la ley podría resultar inaplicable. “Sin recursos, la reforma sería letra muerta”, coinciden en señalar.

Así, el debate que se abre en Diputados no solo será jurídico, sino también presupuestario y social, en un tema que promete alta polémica durante las extraordinarias.