El Poder Ejecutivo puso en marcha un nuevo esquema de pensiones no contributivas para personas con discapacidad tras la publicación del Decreto 84/2026 en el Boletín Oficial. La norma reglamenta la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad y define los criterios de acceso, permanencia y control del sistema.

La decisión se produjo luego de un fallo del Juzgado Federal de Campana que declaró inválida la suspensión de la Ley 27.793 —que había sido frenada por falta de financiamiento— y ordenó su aplicación inmediata. En respuesta, el Gobierno avanzó con la reglamentación y la reorganización institucional del área.

Entre los cambios principales, la Secretaría Nacional de Discapacidad pasará a depender del Ministerio de Salud, que concentrará la planificación y ejecución de las políticas públicas del sector bajo un enfoque integral que incluye salud, protección social e inclusión laboral.

El decreto también establece la conversión automática de las pensiones no contributivas actuales al nuevo régimen de Pensión por Discapacidad para Protección Social, y fija reglas de compatibilidad con otros ingresos y beneficios.

Además, se instruyó a convocar al Consejo Federal de Discapacidad para acordar parámetros de evaluación socioeconómica y presentar un plan de auditorías periódicas en un plazo de 30 días. Las medidas se complementarán con esquemas de cooperación y cofinanciamiento con provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

La reglamentación entró en vigencia el 3 de febrero de 2026.