El Gobierno retiró el texto original de la reforma del Régimen Penal Juvenil que establecía la imputabilidad desde los 13 años y enviará una nueva versión que fija el límite en 14, en línea con el acuerdo alcanzado con sectores de la oposición. La iniciativa será remitida nuevamente al Congreso para su tratamiento en comisiones.

Desde el oficialismo señalaron que la modificación respondió a una “desinteligencia” y ratificaron el cronograma legislativo para avanzar con el dictamen y llevar el debate al recinto esta misma semana.

La estrategia oficial contempla definir la integración de las comisiones de Familias, Niñez y Juventudes, y de Justicia, que comenzarán a trabajar de inmediato. Luego se realizará una reunión conjunta con las áreas involucradas y se prevé una sesión en Diputados hacia el cierre de la semana.

El proyecto destina $23.739 millones para la implementación del nuevo régimen, fondos que serán distribuidos entre el Ministerio de Justicia y la Defensoría General de la Nación, y habilita la firma de convenios con provincias para construir instalaciones adecuadas.

La propuesta establece penas diferenciadas para menores, con un tope de hasta 15 años de prisión en delitos graves, bajo un enfoque que prioriza la resocialización. También prevé acceso a educación, atención médica, asistencia psicológica y programas de tratamiento para los adolescentes privados de libertad. Para infracciones de menor gravedad, se contemplan sanciones alternativas como tareas comunitarias y reparación del daño.