Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron al Tribunal Oral Federal N°2 el decomiso de más de 140 inmuebles vinculados a Cristina Fernández de Kirchner y al empresario Lázaro Báez, entre ellos el departamento donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad.

El pedido incluye 141 propiedades —13 pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128 a sociedades ligadas a Báez—, además de 46 vehículos, US$4.664.000 de una caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner, US$992.134 depositados en el Banco Galicia y $53.280,24 en efectivo.

Según los fiscales, las personas condenadas fueron intimadas a depositar $684.990.350.139,86 como resarcimiento por la defraudación a la administración pública, pero “no han depositado ni un solo peso” pese a que el plazo venció hace meses. En su presentación, sostuvieron que los condenados “vienen dilatando el recupero de activos” ordenado por sentencia firme.

Con esta ampliación, el total de bienes cuyo decomiso solicita el Ministerio Público Fiscal asciende a 252 inmuebles. Entre ellos figuran propiedades vinculadas a las firmas Los Sauces SRL y Hotesur SA, incluido el departamento de la calle San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires, donde reside la exmandataria. También se encuentra el hotel La Aldea, en El Chaltén, y diversas propiedades atribuidas a Báez, como inmuebles en Ayres de Pilar y viviendas en Pinamar.

En un tramo crítico del escrito, Luciani y Mola señalaron que varios de los condenados poseen “fortunas de una opulencia irrazonable” y remarcaron la necesidad de avanzar en la ejecución de bienes hasta cubrir el monto fijado en la sentencia.

“Para desterrar definitivamente la impunidad de los corruptos, es imprescindible que se empleen todos los mecanismos legales tendientes a recuperar los activos provenientes de los delitos”, concluyeron.