La Confederación General del Trabajo avanza hacia un nuevo paro general contra el gobierno de Javier Milei y sumó un respaldo clave: la adhesión de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), lo que anticipa un fuerte impacto en el transporte público.

El apoyo del gremio de colectiveros garantiza una paralización de la movilidad en gran parte del país y aumenta la presión política en la antesala del debate de la reforma laboral en la Cámara de Diputados. La conducción cegetista formalizará la medida en los próximos días, aunque dentro del sindicalismo aseguran que existe consenso mayoritario.

Dirigentes gremiales mantuvieron contactos previos con el titular de la UTA, Roberto Fernández, para asegurar la adhesión. Desde el sindicato confirmaron que acompañarán la huelga si la CGT la convoca.

El principal foco del conflicto es la reforma laboral impulsada por el oficialismo, especialmente el artículo que modifica el régimen de licencias médicas. El proyecto establece que los trabajadores perciban entre el 50% y el 75% del salario durante licencias por enfermedades o accidentes no laborales, en lugar del 100% vigente.

La CGT considera que la modificación implica un retroceso en derechos laborales, mientras que el Gobierno sostiene que busca reducir el ausentismo injustificado y la litigiosidad.

La central obrera pretende que la huelga coincida con la sesión parlamentaria que tratará el proyecto, en un intento por frenar su avance. Con la posible adhesión de sectores estratégicos, la medida podría convertirse en el cuarto paro nacional contra la actual administración y anticipa un clima de creciente tensión política y social.