Un fallo del juez federal Jed Rakoff en Nueva York encendió alertas en el ámbito jurídico al establecer que las conversaciones con chatbots de inteligencia artificial no están protegidas por el secreto profesional y pueden utilizarse como prueba judicial.

La decisión se dio en una investigación por fraude estimado en 300 millones de dólares, donde el imputado había generado documentos con intercambios mantenidos con una plataforma de IA para analizar su situación legal. Tras el secuestro de sus dispositivos, la defensa intentó invocar el privilegio abogado-cliente, pero el tribunal lo rechazó al considerar que una IA no es un abogado ni genera una relación profesional protegida.

El fallo subraya que una comunicación con un tercero no adquiere carácter confidencial por el solo hecho de enviarse posteriormente a un abogado. Además, advierte sobre el riesgo probatorio: conversaciones digitales pueden reforzar hipótesis acusatorias si son obtenidas mediante procedimientos legales adecuados.

En Argentina, el secreto profesional protege exclusivamente el vínculo abogado-cliente, por lo que consultas jurídicas realizadas en plataformas abiertas tampoco quedan automáticamente amparadas.

El precedente refuerza la necesidad de prudencia digital: utilizar inteligencia artificial para analizar estrategias legales puede exponer a las personas a que sus propias palabras se conviertan en evidencia en su contra.