La Justicia federal analiza un informe sobre un presunto desvío de $1900 millones provenientes del sistema de fotomultas en la provincia de Buenos Aires, en una causa vinculada al exministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio.

El expediente es investigado por el juez Juan Manuel Culotta, titular del Juzgado Federal de Tres de Febrero, y busca determinar si 11 municipios firmaron convenios con la Universidad Nacional de San Martín para administrar el cobro de multas de tránsito, que luego habrían sido tercerizados a la empresa Tránsito Seguro S.A..

Según la investigación, los acuerdos habrían generado una cadena contractual en la que los municipios transferían fondos a la universidad, esta los canalizaba a través de su fundación FUNINTEC, y finalmente se derivaban a la firma privada encargada de operar el sistema de cámaras y procesamiento de infracciones.

Entre los distritos bajo análisis figuran La Matanza, Roque Pérez, Olavarría y General San Martín. La sospecha judicial apunta a que este mecanismo habría permitido desviar recursos generados por las infracciones de tránsito, que por normativa deben repartirse entre la provincia y los municipios.

El informe analizado por la Justicia incluye documentación bancaria que mostraría transferencias desde la fundación universitaria hacia la empresa proveedora, a través de cuentas del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Desde Tránsito Seguro rechazaron las acusaciones y sostuvieron que las auditorías no detectaron irregularidades en los municipios donde prestan servicios. También señalaron que la empresa cuenta con equipamiento homologado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial y está registrada como proveedora tecnológica del Ministerio de Transporte bonaerense.

Por su parte, desde la Universidad Nacional de San Martín indicaron que los convenios con municipios se enmarcan en programas de seguridad vial y gestión administrativa de sistemas de fotomultas, que incluyen campañas de concientización, capacitación y coordinación técnica con proveedores tecnológicos.

La causa forma parte de una serie de investigaciones judiciales que analizan el funcionamiento del sistema de fotomultas en la provincia y su posible vínculo con maniobras de lavado de dinero y administración fraudulenta.