El Gobierno nacional derogó una resolución vigente desde 2012 que imponía restricciones al patentamiento de medicamentos, en una medida que busca agilizar la aprobación de nuevas patentes y fomentar la innovación en el sector farmacéutico.

La decisión establece que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) será el encargado de evaluar cada solicitud de patente de manera individual, sin los condicionamientos técnicos previos que regían hasta ahora.

La norma fue firmada por los ministros Mario Lugones y Luis Caputo, junto al titular del INPI, Carlos María Gallo, y se enmarca en una política de desregulación impulsada por Federico Sturzenegger.

Uno de los puntos centrales de la medida es que las nuevas patentes sobre medicamentos ya comercializados en el país no podrán impedir su venta ni generar reclamos económicos por parte de sus titulares, lo que busca preservar la continuidad del mercado actual.

Desde el Gobierno sostienen que la reforma permitirá acelerar la llegada de nuevas terapias, atraer inversiones y alinear al país con estándares internacionales en materia de propiedad intelectual. Además, aseguran que no habrá cambios para los medicamentos que ya se encuentran en el mercado.

Sin embargo, especialistas advierten que el nuevo esquema podría generar cuestionamientos legales, especialmente por la limitación a los derechos económicos de los titulares de patentes. Aun así, coinciden en que la medida representa un cambio estructural en el sistema, con impacto directo en la industria farmacéutica local.