El Gobierno nacional decidió postergar el tratamiento de una reforma tributaria integral y condicionó su avance a una mejora en la actividad económica y la recaudación, con la expectativa de retomar la discusión en los próximos meses junto a los gobernadores.

Desde la Casa Rosada señalan que no están dadas las condiciones para impulsar cambios impositivos de fondo sin un repunte económico. En ese sentido, proyectan una posible mejora de los indicadores a partir de abril, aunque admiten que la iniciativa difícilmente avance durante este año, pese a ser una prioridad para el presidente Javier Milei.

El Ejecutivo también descarta en el corto plazo medidas como la baja de retenciones o modificaciones en el Impuesto a las Ganancias para sociedades, en un contexto de fragilidad fiscal. Según fuentes oficiales, una reducción de impuestos sin respaldo en mayores ingresos podría comprometer el superávit.

La estrategia del Gobierno incluye además negociar con las provincias una reducción de tributos locales, como Ingresos Brutos y tasas municipales, en el marco de un eventual acuerdo fiscal.

Los datos de recaudación reflejan un escenario aún débil: si bien los ingresos tributarios crecieron en términos nominales, el IVA —indicador clave del consumo— muestra señales de desaceleración, con caídas en su componente vinculado al comercio exterior.

En paralelo, sectores como el consumo masivo y la industria manufacturera continúan mostrando dificultades, mientras que gobernadores y oposición advierten por el deterioro de las finanzas provinciales ante la caída de transferencias y recursos coparticipables.

En este contexto, el Gobierno apuesta a una recuperación impulsada por el agro, la energía y las exportaciones antes de reactivar el debate por una reforma impositiva estructural.