El Gobierno argentino avanzará en las próximas horas con la inclusión de la Guardia Revolucionaria de Irán en el listado de organizaciones terroristas, incorporándola al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de terrorismo (RePET), en una decisión con impacto judicial, financiero y diplomático.

La medida implicará el congelamiento de activos, la prohibición de operar en el sistema financiero local y el fortalecimiento de investigaciones sobre posibles vínculos en el país, además de ampliar la cooperación internacional en materia de inteligencia.

El anuncio se da en un contexto de creciente tensión en Medio Oriente, con enfrentamientos entre Irán, Estados Unidos e Israel, y también responde a antecedentes locales vinculados a los atentados contra la AMIA y la Embajada de Israel en Buenos Aires.

En ese marco, cobra relevancia la figura de Ahmad Vahidi, actual jefe de la Guardia Revolucionaria, quien cuenta con pedido de captura internacional por su presunta participación en el atentado a la AMIA.

La organización, creada tras la Revolución Islámica de 1979, es considerada un actor clave dentro del sistema político iraní, con fuerte influencia militar, económica y en operaciones internacionales a través de su unidad externa.

Desde el Gobierno sostienen que la decisión no solo se alinea con políticas internacionales —como la adoptada por Estados Unidos en 2019— sino que también responde a causas judiciales abiertas en Argentina y a un reclamo histórico de justicia por los ataques terroristas que marcaron al país.

La medida refuerza la política oficial de endurecimiento frente al terrorismo y busca ampliar las herramientas de prevención y control en el ámbito de la seguridad nacional.