El gobierno de Javier Milei apelará el fallo judicial que ratificó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, mientras sus equipos jurídicos avanzan en la estrategia para llevar el caso hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Tras la decisión de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que confirmó la medida cautelar, el Ejecutivo presentará un recurso extraordinario ante el mismo tribunal y, en caso de ser rechazado, recurrirá en queja ante el máximo tribunal.

En paralelo, la Casa Rosada aseguró que cumplirá con la ley 27.795 de forma gradual, mediante transferencias mensuales, evitando incorporar de manera plena su impacto en el presupuesto anual. La estrategia oficial apunta a “dosificar” el costo fiscal de la norma.

El eje del conflicto se centra en los artículos que obligan a actualizar los salarios de docentes y no docentes universitarios según la inflación acumulada entre diciembre de 2023 y septiembre de 2025, además de recomponer becas y garantizar fondos para investigación.

Desde el Gobierno sostienen que la aplicación completa de la ley implica un impacto fiscal significativo, postura que ya había motivado el intento de frenar su ejecución mediante el decreto 759/2025, objetado por la Justicia.

A mediano plazo, el oficialismo buscará modificar la normativa a través del Congreso de la Nación Argentina, con un nuevo proyecto que reemplace el esquema de actualización automática por uno más limitado.

El caso profundiza la tensión entre el Poder Ejecutivo y la Justicia en torno al financiamiento del sistema universitario público.