La Cámara Contencioso Administrativo Federal ratificó la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Educativo Universitario, en un nuevo revés judicial para el gobierno de Javier Milei.

El tribunal rechazó la apelación del Poder Ejecutivo y confirmó la medida cautelar dictada en primera instancia, que obliga al Estado a cumplir con la normativa aprobada por el Congreso de la Nación Argentina.

El fallo establece la implementación de los artículos 5 y 6 de la ley 27.795, que disponen la actualización salarial para docentes y no docentes universitarios desde diciembre de 2023 hasta septiembre de 2025, así como la recomposición de los programas de becas estudiantiles.

Los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán desestimaron los argumentos del Gobierno, al considerar “poco serios” los planteos sobre un supuesto impacto fiscal significativo o que la cautelar equivaliera a una sentencia definitiva.

En su resolución, la Cámara sostuvo que el costo fiscal de la medida es limitado y no afecta el interés público, mientras que subrayó la relevancia del derecho a la educación superior, protegido por la Constitución Nacional.

El fallo refuerza la obligación del Ejecutivo de garantizar el financiamiento del sistema universitario público en medio de tensiones por el ajuste presupuestario.