Denuncian una estructura internacional rusa que financiaba desinformación en Argentina

El abogado Jorge Monastersky presentó una denuncia ante la Justicia Federal para investigar presuntas operaciones de desinformación en Argentina financiadas por el régimen de Vladimir Putin, con el objetivo de influir en la opinión pública y el debate político.

La presentación solicita determinar la existencia de estructuras extranjeras organizadas —vinculadas a Rusia— que habrían buscado infiltrarse en medios de comunicación locales. El planteo se apoya en información de la Secretaría de Inteligencia de Estado, que alertó sobre una red denominada “La Compañía”, integrada por ciudadanos rusos con presuntos nexos en el país.

En ese marco, la denuncia se ve reforzada por una investigación internacional basada en 76 documentos filtrados, analizados por un consorcio de medios que incluye a openDemocracy. Según esos registros, entre junio y octubre de 2024 la red habría destinado unos US$283.000 para difundir al menos 250 artículos en más de 20 medios argentinos, con contenido crítico hacia el gobierno de Javier Milei y su alineamiento internacional.

Los documentos describen una estrategia orientada a instalar narrativas negativas sobre la situación económica y política del país, combinadas con contenidos favorables a Rusia y contrarios a Estados Unidos. También se detectaron casos de autores ficticios, identidades falsas y material potencialmente fabricado.

Según la investigación, la operatoria habría incluido intermediarios que ofrecían artículos a medios y periodistas, en algunos casos sin conocimiento de las redacciones. Si bien no se pudo comprobar de manera concluyente el pago a medios o comunicadores, sí se identificaron presupuestos y supuestas tarifas por publicación.

El abogado solicitó una investigación urgente para rastrear posibles flujos financieros, identificar a los responsables y determinar el grado de participación de los involucrados, diferenciando entre acciones deliberadas y situaciones de engaño.

Además, advirtió que este tipo de maniobras representa un riesgo institucional, ya que podría afectar la transparencia del debate público y la formación de la opinión ciudadana, especialmente en contextos electorales, configurando una posible amenaza al sistema democrático.

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