Durante las últimas horas, el gobierno de los Estados Unidos alertó sobre los graves casos de corrupción en el gobierno de Alberto Fernández. Se publicó el “Human Rights Report 2022″, elaborado por el Departamento de Estado.
Se enfocaba en analizar la situación de los derechos humanos en el mundo donde destacaba que si bien “el gobierno tomó medidas limitadas para identificar, investigar, enjuiciar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos o participaron en actos de corrupción”, las mismas no fueron suficientes para conseguir que los acusados fuesen condenados.
Indicaban que: “La ley prevé sanciones penales por corrupción de funcionarios, pero el gobierno no aplicó la ley de manera efectiva”, haciendo alusión a “un sistema judicial politizado”, el cual “socavó los intentos sistemáticos de frenar la corrupción”.
El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken
El comunicado mencionaba que hasta el mes de septiembre del 2022, mes en el cual concluyó el informe, existían varias investigaciones en curso contra figuras políticas de alto rango, como la vicepresidenta Cristina Kirchner, y ex personalidades políticas, omitiendo entonces, la condena a la presidente del senado por la Causa Vialidad que se conoció en diciembre.
A pesar de esto, el informe resume la situación judicial de Cristina Kirchner y otros 9 imputados principales (de 45 en total), que fueron acusados de recibir sobornos, pagar sobornos, o ambos, en contratos de obras públicas entre 2008 y 2015 cuando Fernández de Kirchner era la Jefa de Estado.
Allí explicaba: “Hubo corrupción y la complicidad oficial en algunas fuerzas de seguridad”, indicando que: “Los fiscales estimaron el valor total del esquema de soborno en USD160 millones…Pidieron que sea condenada a 12 años de prisión y se impusiera una prohibición de por vida para servir para ejercer cargos públicos”.
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