El gobernador bonaerense Axel Kicillof convalidó el cambio de domicilio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) al partido de Pilar, una decisión que respalda la estrategia del titular del organismo, Claudio Tapia, y profundiza el conflicto con la Inspección General de Justicia (IGJ).

Con la mudanza a jurisdicción bonaerense, la AFA busca quedar fuera del alcance directo del organismo nacional, que mantiene abierta una investigación por presuntas irregularidades contables, el uso de sociedades vinculadas y el destino de fondos.

La IGJ solicitó al Ministerio de Justicia la designación de veedores para supervisar los estados contables cerrados al 30 de junio de 2025 y analizar la estructura societaria creada en los últimos años. También se prevé revisar la creación de la Universidad de la AFA (UNAFA), operaciones inmobiliarias y vínculos comerciales relacionados con derechos deportivos.

Desde el Ministerio de Justicia señalaron que el pedido responde a la gravedad de las irregularidades detectadas y que la eventual intervención quedará bajo su competencia. El Gobierno nacional sostiene que el cambio de domicilio “no altera el proceso en curso”.

La Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense ratificó la mudanza y rechazó la competencia de la IGJ, decisión interpretada en la Casa Rosada como un intento de trasladar el conflicto al ámbito judicial.

El organismo nacional ya había objetado el traslado tras inspeccionar el domicilio declarado y constatar que no funcionaban oficinas operativas, por lo que consideró que no se trató de un cambio real de sede sino de jurisdicción administrativa.

La disputa institucional se desarrolla en un contexto de creciente exposición pública de la conducción del fútbol argentino y de múltiples causas judiciales que involucran a su dirigencia.