En un nuevo y duro revés judicial para la Argentina, los tribunales de Londres ordenaron el congelamiento de activos soberanos en el exterior. La medida fue dictada en el marco de la causa por los cupones atados al crecimiento económico y busca garantizar que el país cumpla con el pago de una condena multimillonaria a favor de un grupo de fondos de inversión.

La disputa legal se origina en una demanda impulsada por Palladian Partners y otros acreedores internacionales, quienes reclaman un resarcimiento de aproximadamente 1.330 millones de euros (cerca de 1.500 millones de dólares) más intereses. Los fondos denunciaron que, en 2013, el Estado argentino modificó irregularmente el año base de cálculo del Producto Bruto Interno (PBI) para evitar gatillar los pagos de los bonos emitidos durante los canjes de deuda de 2005 y 2010.

La decisión de congelar los bienes se produce luego de que la Argentina no lograra revertir el fallo original ni depositara las garantías financieras exigidas por la Justicia europea para suspender la ejecución de la sentencia. Con esta resolución, los demandantes tienen luz verde para rastrear, identificar y embargar cuentas bancarias, fideicomisos y otros activos financieros del Estado nacional en el extranjero que no estén protegidos por la inmunidad soberana.

Este embargo preventivo representa un desafío urgente para el Gobierno, sumando presión sobre la estrategia financiera internacional del país. En este escenario, el equipo legal que representa a la Argentina y la Procuración del Tesoro trabajan contrarreloj para evaluar las próximas instancias de apelación, con el objetivo de destrabar los fondos afectados y limitar el impacto de la medida en los mercados.