Una reciente investigación dejó al descubierto un esquema de corrupción operado durante el gobierno de Alberto Fernández, en el cual se exigían coimas de hasta el 15% para destrabar permisos de importación. La maniobra, que funcionaba como un peaje ilegal, afectó directamente a cientos de empresas que necesitaban ingresar mercadería al país y condicionó de manera severa las operaciones del comercio exterior argentino.

Las irregularidades se concentraron en torno al Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), el mecanismo implementado por la gestión anterior con el objetivo de controlar la salida de dólares del Banco Central. Según los datos relevados, gestores y funcionarios que actuaban como intermediarios aprovechaban la enorme discrecionalidad del sistema para retener de forma deliberada las autorizaciones, obligando a los empresarios a pagar sobornos para evitar la paralización de sus líneas de producción.

El entramado delictivo manejaba tarifas variables que dependían de la urgencia del trámite y del volumen de la operación, alcanzando topes del 15% sobre el valor total de la mercancía importada. Este sobreprecio no solo generó ingresos millonarios e ilícitos para la red de corrupción, sino que también tuvo un impacto directo en la inflación interna, ya que los importadores terminaban trasladando inevitablemente el costo del soborno a los precios finales que pagaban los consumidores.

Actualmente, los resultados de las auditorías que detectaron estas maniobras están siendo canalizados hacia la Justicia, que avanza en la recolección de pruebas y testimonios para identificar a todos los eslabones de la cadena. La investigación apunta ahora a desarticular la red de complicidades dentro de los organismos de control y determinar las responsabilidades penales de los exfuncionarios que diseñaron y facilitaron esta matriz de extorsión institucional.