El gobierno nacional decidió alinearse con las demandas de las principales corporaciones alimenticias, entre ellas Coca-Cola, Arcor y Danone, en una fuerte ofensiva para eliminar los octógonos negros de advertencia en los envases. La iniciativa oficial busca flexibilizar o derogar definitivamente la Ley de Etiquetado Frontal en Argentina, una normativa que el sector industrial rechaza de plano desde su sanción.

La avanzada surge tras una serie de negociaciones entre funcionarios del Poder Ejecutivo y representantes de la industria, quienes sostienen que el actual sistema perjudica su competitividad comercial. Desde las empresas argumentan que los sellos que alertan sobre el exceso de azúcares, grasas y sodio provocaron caídas de hasta un 20% en las ventas de determinadas categorías de productos, por lo que exigen una desregulación urgente en las góndolas.

Esta postura gubernamental choca de frente con los reclamos de las organizaciones de salud pública y defensa del consumidor. Los especialistas defienden la normativa como una herramienta sanitaria indispensable para combatir la obesidad infantil y las enfermedades crónicas, recordando que más del 60% de la población argentina presenta problemas de exceso de peso, una tendencia que la ley busca revertir mediante información nutricional clara.

Actualmente, el Ejecutivo evalúa las alternativas legislativas y los mecanismos legales necesarios para concretar la remoción de las etiquetas en el corto plazo. Mientras los gigantes del sector celebran la sintonía con la gestión nacional para liberar sus envases de los sellos negros, las asociaciones civiles ya anticipan una dura resistencia tanto en el Congreso como en la Justicia para evitar un retroceso en los derechos del consumidor.