El conflicto universitario atraviesa un nuevo momento de máxima tensión tras la paralización del debate por la Ley de Financiamiento. Ante la falta de avances legislativos y el estancamiento de las negociaciones con el Gobierno nacional, gremios docentes, no docentes y agrupaciones estudiantiles convocaron a una marcha federal masiva que tendrá su epicentro frente al Congreso en la Ciudad de Buenos Aires y se replicará en las principales capitales del país.

La medida de fuerza surge como respuesta directa al deterioro presupuestario que denuncian las casas de altos estudios. Los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) advierten que, sin la sanción de la norma que garantiza la actualización automática de las partidas de funcionamiento, el sistema público no podrá sostener sus actividades normales en el corto plazo. Además, el sector educativo reclama por una pérdida del poder adquisitivo que, según las asociaciones sindicales, supera el 40% frente a la inflación acumulada.

Los organizadores proyectan una movilización histórica que podría reunir a más de 500.000 personas en las calles de todo el país. A la protesta ya adhirieron las principales centrales obreras, diversos movimientos sociales y la Federación Universitaria Argentina (FUA), quienes exigen una urgente recomposición salarial y el giro de los fondos necesarios para garantizar becas, comedores, hospitales universitarios e investigación científica.

Por su parte, desde el Poder Ejecutivo sostienen que las transferencias previamente pactadas se están realizando en tiempo y forma, y reiteran la necesidad de auditar los gastos de las instituciones antes de convalidar nuevos desembolsos estructurales. Sin embargo, la ausencia de una fecha concreta para destrabar el financiamiento terminó por quebrar el diálogo con la comunidad educativa, dejando el escenario listo para una de las mayores demostraciones de fuerza en lo que va del año.