La Justicia procesó a la cadena de supermercados DIA Argentina por presunta evasión previsional, en el marco de una causa que investiga irregularidades sistemáticas en la contratación de su personal. Como parte de la resolución, el tribunal interviniente trabó un embargo millonario sobre los activos de la compañía con el objetivo de resguardar el patrimonio y garantizar el pago de los montos adeudados junto con las eventuales multas procesales.

El expediente se impulsó a partir de una exhaustiva investigación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que detectó una maniobra fraudulenta sostenida en el tiempo a través del sistema de franquicias. Según las pruebas aportadas por el organismo, la empresa habría utilizado esta figura comercial de manera abusiva para encubrir verdaderas relaciones laborales de dependencia, desligándose de sus obligaciones patronales.

A través de esta mecánica operativa, la cadena supermercadista lograba evadir el pago de los aportes y contribuciones a la seguridad social correspondientes a quienes trabajaban en sus sucursales. La investigación determinó que los supuestos «franquiciados» eran en realidad empleados directos de la firma que terminaban asumiendo el riesgo comercial y los costos laborales, lo que derivó en un perjuicio multimillonario para las arcas del Estado.

Frente a la contundencia de las auditorías, el Juzgado en lo Penal Económico decidió avanzar formalmente contra la compañía. Este fallo sienta un precedente clave en el sector del retail nacional, poniendo bajo un estricto control judicial las prácticas de tercerización laboral mientras la causa penal sigue su curso.