El Hospital de Clínicas alerta parálisis por falta de fondos; el Gobierno niega y acusa de “extorsión”

El conflicto entre el Hospital de Clínicas y el Gobierno nacional alcanzó un nuevo pico de tensión en las últimas horas. La histórica institución médica porteña, dependiente de la Universidad de Buenos Aires (UBA), advirtió sobre la inminente paralización de sus servicios a raíz de la severa falta de transferencias de fondos. Frente a este escenario, el Ministerio de Capital Humano rechazó el reclamo de manera categórica y acusó a las autoridades del centro de salud de llevar adelante una maniobra de «extorsión».

Desde la dirección del hospital escuela detallaron que el congelamiento de las partidas presupuestarias, combinado con el fuerte impacto de la inflación en el sector sanitario, generó una crisis financiera insostenible. La escasez de recursos ya obligó a reducir la operatividad del establecimiento a menos del 30% de su capacidad normal, lo que derivó en la suspensión de cirugías programadas y severas dificultades para adquirir insumos médicos básicos, afectando directamente a los más de 10.000 pacientes que circulan diariamente por el edificio.

La respuesta oficial desde el Ejecutivo marcó una postura inflexible. La cartera de Capital Humano desestimó las denuncias de desfinanciamiento y apuntó duramente contra la administración universitaria. Según argumentaron desde el Gobierno, los fondos para el funcionamiento básico están garantizados, por lo que interpretaron la amenaza de cese de actividades como una estrategia política y extorsiva diseñada para presionar a la gestión nacional, en medio de la disputa más amplia por el presupuesto de la educación superior.

Este cruce de acusaciones mantiene en vilo a miles de usuarios y profesionales que sostienen el sistema público. Mientras la falta de un acuerdo y de canales de diálogo efectivos agrava el panorama, la posible paralización total de uno de los centros de salud e investigación más importantes del país amenaza con dejar sin atención médica a los sectores más vulnerables y frenar de forma indefinida la formación académica de los futuros profesionales.

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