El Gobierno nacional intensificó su avance sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) al disponer el envío de veedores a través de la Inspección General de Justicia (IGJ). La medida tiene como objetivo principal auditar los balances contables y los registros administrativos de la entidad presidida por Claudio «Chiqui» Tapia, ante la sospecha de presuntas irregularidades en el manejo institucional y financiero.

La resolución, enmarcada en el prolongado conflicto entre la administración de Javier Milei y la dirigencia del fútbol local, otorga a los funcionarios designados la potestad de revisar minuciosamente los movimientos económicos de la institución. Los fiscalizadores pondrán la lupa sobre la aprobación de los últimos estados contables, los contratos vigentes y el cumplimiento de la normativa estatutaria para garantizar la transparencia en la gestión de los recursos.

Este nuevo capítulo de tensión se desata tras la controvertida Asamblea General de la AFA, donde se convalidó la reelección anticipada de su presidente y se modificó la estructura de los torneos, decisiones que la propia IGJ había objetado e intentado suspender. Con esta fiscalización directa sobre las oficinas de la calle Viamonte, el Ejecutivo suma presión sobre la cúpula deportiva en medio de la disputa de fondo por la posible incorporación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).