La Justicia federal investiga un presunto esquema de coimas vinculado a la aprobación acelerada de permisos de importación durante el cepo cambiario, luego de que peritos judiciales hallaran chats y audios comprometedores en el teléfono de Martín Migueles, empresario y pareja de la mediática Wanda Nara.

La causa, encabezada por el fiscal Franco Picardi y el juez Ariel Lijo, apunta a una red integrada por empresarios, gestores y presuntos funcionarios que habrían cobrado sobornos de entre el 10% y el 15% del valor de las importaciones para agilizar la aprobación de las SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina).

Según el expediente, Migueles actuaba como intermediario entre compañías que necesitaban importar y personas con capacidad de influir en la aprobación de los permisos. Los pagos se negociaban en dólares y podían calcularse tomando como referencia el tipo de cambio oficial o el dólar blue.

La investigación se originó en una causa sobre maniobras irregulares con acceso al dólar oficial y operaciones en el mercado paralelo, pero el contenido del celular abrió una nueva línea vinculada específicamente a autorizaciones express para importar entre 2022 y 2023. Actualmente hay más de 50 personas y empresas bajo investigación.

Uno de los nombres que aparece en los chats es el de Ariel Germán Saponara, identificado en el teléfono como “Ariel Viken”. Se trata de un abogado que trabajó en áreas administrativas de la Policía Metropolitana y que, según registros y mensajes incorporados al expediente, también habría desempeñado funciones en organismos oficiales vinculados al Gobierno nacional.

En conversaciones recuperadas, Saponara consultaba a Migueles por contactos capaces de “liberar” SIRA rápidamente y hablaba de comisiones de hasta el 15%. Migueles respondía ofreciendo obtener las aprobaciones en plazos de apenas una semana o diez días, muy por debajo de los tiempos habituales, que durante el cepo podían extenderse entre 30 y más de 120 días.

Los audios revelan además cómo negociaban los porcentajes. En uno de ellos, Migueles sugería cobrarle a las empresas un 12% o 13% para quedarse con un margen propio. En otro intercambio, un presunto operador identificado como Héctor Ezequiel Caputto, alias “Pipo”, aclaraba que “el 15 oficial es lo que tenemos que rendir adentro”, en referencia al porcentaje destinado al circuito interno de aprobación.

La causa también menciona a un contacto agendado como “Adriel La Plata”, identificado por los investigadores como Adriel Dono Miniot, quien habría enviado documentación societaria junto al mensaje “Billete cara grande jaja”, frase que ahora forma parte de las pruebas incorporadas al expediente.

Otro de los elementos que llamó la atención de los investigadores es que Migueles aseguraba contar con capacidad para destrabar trámites en tiempo récord, algo que, según el fiscal Picardi, resultaba “significativamente inferior a los plazos habituales” de aprobación durante el período de restricciones cambiarias.

Además de las presuntas irregularidades en las SIRA, la Justicia analiza operaciones vinculadas a la venta de dólar oficial mediante casas de cambio, entre ellas “Arg Exchange”, sociedad relacionada con Migueles, Elías Piccirillo y Francisco Hauque.

La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia federal y podría derivar en nuevas imputaciones a empresarios y funcionarios presuntamente involucrados en el esquema.