La demora del Gobierno nacional en la reglamentación de la reciente reforma laboral generó un fuerte desconcierto en el ámbito empresarial y jurídico. A pesar de haber conseguido la aprobación legislativa, la falta de publicación del decreto reglamentario en el Boletín Oficial frena la aplicación integral de la norma, dejando en suspenso los principales cambios que buscaban dinamizar el mercado de trabajo y reducir la litigiosidad.

Entre los puntos más críticos que continúan paralizados se encuentran la extensión de los períodos de prueba, la eliminación de las multas por falta de registro o registro deficiente de los trabajadores, y la implementación del nuevo Fondo de Cese Laboral como alternativa a las indemnizaciones tradicionales. Ante este vacío normativo, las empresas se ven imposibilitadas de utilizar las nuevas herramientas de contratación, lo que en la práctica detiene las decisiones de incorporar personal bajo el nuevo esquema.

Representantes de las principales cámaras empresariales y especialistas en derecho laboral advirtieron que actuar sin la letra chica de la reglamentación expone a los empleadores a un alto riesgo de judicialización. Por su parte, desde el Poder Ejecutivo sostienen que los equipos técnicos continúan ajustando los detalles del texto para evitar futuras trabas legales, en medio de un escenario donde también se debe equilibrar la presión del sector privado con la atenta mirada de los gremios.

Hasta el momento, no existe una fecha oficial confirmada para la firma y publicación del decreto. Mientras se dilata la definición de los aspectos operativos de la ley, el mercado laboral continúa rigiéndose íntegramente por la legislación anterior, lo que neutraliza de forma temporal el impacto de una de las medidas más promocionadas por la administración para reactivar el empleo formal.