El Gobierno nacional ultima los detalles de un nuevo paquete desregulador diseñado para flexibilizar la economía y reducir la intervención estatal. La iniciativa, que será anunciada en los próximos días, se centra en tres ejes fundamentales para la reactivación de la actividad en el país: la libre navegación, la desregulación del mercado inmobiliario y una profunda reforma financiera.

En el ámbito logístico y comercial, el proyecto establece un esquema de libre navegación marítima y fluvial. El objetivo de esta medida es eliminar las históricas trabas burocráticas y reducir los altos costos portuarios que afectan al comercio exterior. Con esta apertura, el Ejecutivo apunta a mejorar la competitividad de las exportaciones argentinas y agilizar el tránsito de mercaderías, especialmente a través de la hidrovía Paraná-Paraguay.

Por su parte, el mercado inmobiliario experimentará una flexibilización total. El paquete contempla la remoción de las restricciones que aún persisten para la compra, venta y alquiler de propiedades, facilitando legalmente las operaciones en distintas monedas y disminuyendo la carga impositiva en los registros. La intención oficial es dinamizar un sector clave para la economía, incentivando tanto la oferta de viviendas como el desarrollo de nuevos proyectos de construcción privada.

El tercer pilar de la iniciativa es una reforma financiera orientada a modernizar y abrir el mercado de capitales y el sistema bancario. La nueva normativa prevé mayores facilidades para el ingreso y operación de empresas de tecnología financiera (fintech), la reducción de aranceles sobre las transacciones y una fuerte disminución de los controles regulatorios del Banco Central. Con estas herramientas, se espera atraer inversiones del exterior y ampliar drásticamente el acceso al crédito para pymes y particulares.

Fuentes oficiales confirmaron que los equipos técnicos ya tienen redactados los borradores de estas normativas. Se prevé que la batería de medidas, que se implementará a través de una combinación de decretos y proyectos de ley enviados al Congreso, sea presentada formalmente antes de que termine el mes de mayo, consolidando el rumbo económico de la actual gestión.