El Gobierno nacional puso en marcha una nueva estrategia para destrabar la actividad en el Congreso y avanzar con una segunda etapa de su plan de gestión. Con ese objetivo, el oficialismo inició una ronda de negociaciones clave con los gobernadores para asegurar los consensos necesarios que permitan debatir un nuevo paquete de reformas estructurales.

Las reuniones, que se desarrollan en la Casa Rosada desde el inicio de esta semana, están encabezadas por la Jefatura de Gabinete y el Ministerio del Interior. La intención del Ejecutivo es alinear posiciones con los mandatarios provinciales a cambio de destrabar fondos retenidos y garantizar la reactivación de al menos 40 obras públicas estratégicas en el interior del país, una de las principales exigencias de los jefes distritales.

Esta nueva tanda legislativa abarca cerca de 30 proyectos enfocados, principalmente, en la desregulación de sectores productivos, modificaciones en el esquema tributario y actualizaciones en la normativa laboral. Según fuentes oficiales, la Casa Rosada apunta a conformar mayorías sólidas para lograr dictamen en las comisiones de la Cámara de Diputados antes de mediados de junio, proyectando un piso de 135 votos afirmativos para asegurar la media sanción.

La urgencia del oficialismo responde a la fuerte parálisis que atraviesa el recinto legislativo desde hace más de un mes, derivada de la fragmentación opositora y la dificultad para consolidar acuerdos a largo plazo. Ahora, tras asegurarse el respaldo preliminar de al menos una docena de gobernadores dialoguistas, el Gobierno confía en retomar la iniciativa política y enviar una clara señal de gobernabilidad de cara al segundo semestre del año.