La Justicia federal aceleró los tiempos en la investigación de la denominada «Causa SIRA», un expediente que busca identificar a los exfuncionarios del gobierno de Alberto Fernández que habrían cobrado coimas para autorizar importaciones. La pesquisa apunta a desarticular una red de corrupción que operaba desde el Estado, exigiendo sobornos en dólares a empresarios a cambio de destrabar el ingreso de mercadería al país.

El esquema bajo la lupa judicial funcionaba mediante una red de intermediarios o «gestores» que se acercaban a las compañías afectadas por las restricciones aduaneras. Para lograr la aprobación de los permisos en el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), estos nexos exigían pagos ilegales que, según consta en las denuncias, solían representar entre el 15% y el 20% del valor total del cargamento retenido.

Actualmente, los investigadores en los tribunales de Comodoro Py concentran sus esfuerzos en seguir la ruta del dinero y realizar entrecruzamientos de datos para determinar quiénes eran los destinatarios finales de esos retornos. El foco de sospecha recae sobre las áreas gubernamentales que centralizaban el poder de veto y aprobación de los trámites: la Secretaría de Comercio, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Dirección General de Aduanas.

A través del análisis de comunicaciones telefónicas, documentación contable y testimonios bajo reserva de distintos empresarios extorsionados, la Justicia avanza para mapear la cadena de mandos. El objetivo principal a corto plazo es reunir las pruebas necesarias para imputar formalmente a las altas esferas políticas y operativas que diseñaron y se beneficiaron de esta matriz de tráfico de influencias durante la gestión anterior.