El Gobierno de Salta puso en marcha la comisión técnica encargada de reglamentar la ley que establece la obligatoriedad de los exámenes toxicológicos para los funcionarios públicos de la provincia. Este espacio de trabajo tiene como objetivo definir los protocolos médicos, legales y administrativos necesarios para la correcta y pronta aplicación de la normativa en todas las áreas del Estado.

La medida, enmarcada en la Ley Provincial 8.431, alcanza directamente a los cargos de mayor jerarquía de los tres poderes estatales. Esto incluye al gobernador, vicegobernador, ministros, secretarios, legisladores, magistrados e intendentes, así como a los altos mandos de las fuerzas de seguridad. Según la legislación, todos ellos deberán someterse a controles anuales y aleatorios orientados a detectar el consumo de sustancias ilícitas.

Durante el inicio de las tareas de la comisión, las autoridades destacaron que la prioridad operativa será garantizar la absoluta transparencia del proceso. Para ello, se delinearán pautas estrictas sobre cómo se realizarán las extracciones, el mantenimiento de la cadena de custodia de las muestras y el resguardo de la confidencialidad de los resultados. Asimismo, el grupo determinará el circuito de actuación y las sanciones correspondientes en caso de que un examen arroje un resultado positivo o ante la negativa de un funcionario a someterse a la prueba.

Con el avance de esta etapa reglamentaria, la provincia busca afianzar una política de integridad, ética y responsabilidad institucional sin precedentes a nivel local. Una vez que se defina y apruebe el documento final, el Gobierno anunciará el cronograma oficial con el que comenzarán a implementarse los primeros testeos en la administración pública salteña.