El Gobierno nacional relativizó en las últimas horas la reciente designación de Michelli, al aclarar que la aprobación obtenida en el Senado funciona como una facultad constitucional otorgada al Presidente de la Nación y no como un mandato ineludible. Desde el oficialismo enfatizaron que, si bien la Cámara Alta cumplió con su paso institucional al dar luz verde al pliego, la oficialización del cargo depende exclusivamente de la firma del decreto presidencial.

La postura del Ejecutivo se dio a conocer luego de que el recinto legislativo alcanzara los votos necesarios para validar el nombramiento, lo que había generado expectativas sobre una asunción inminente. Ante estas especulaciones, fuentes gubernamentales decidieron poner paños fríos y explicaron la dinámica del proceso de manera contundente: «El Senado habilitó al Presidente, pero no lo obligó». De esta forma, la Casa Rosada busca marcar la cancha y retener el control absoluto sobre los tiempos de sus armados.

Con esta aclaración pública, la administración central dejó en claro la intención de manejar su propia agenda administrativa sin ceder ante presiones externas o legislativas. La decisión final sobre el futuro de Michelli quedará ahora bajo el estricto análisis del jefe de Estado, quien evaluará la conveniencia política y el momento oportuno para efectivizar, o eventualmente descartar, su incorporación formal.