La cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) enfrenta un nuevo y complejo frente judicial tras la presentación de una denuncia penal contra su presidente, Claudio «Chiqui» Tapia, y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino. Ambos dirigentes fueron acusados formalmente por los delitos de presunto lavado de dinero, administración fraudulenta y enriquecimiento ilícito en el manejo de los recursos de la institución.

El expediente, radicado en los tribunales federales de Comodoro Py, apunta a una serie de manejos irregulares y falta de transparencia en las finanzas del organismo. La acusación central sostiene que los directivos habrían orquestado un esquema de desvío de fondos a través de contratos millonarios vinculados a los derechos de comercialización, imagen y marketing de la AFA, beneficiando de manera discrecional a empresas sin trayectoria comprobable en el rubro.

Según los detalles de la presentación, las maniobras investigadas habrían facilitado el blanqueo de activos, aprovechando el exponencial aumento de ingresos que registró la casa madre del fútbol argentino tras los recientes éxitos deportivos de la Selección. La denuncia pone el foco en las adjudicaciones directas de licencias, los pagos por servicios presuntamente sobrefacturados y el flujo de caja manejado bajo la supervisión directa de Toviggino.

En el marco de la causa, se solicitó a la Justicia una investigación exhaustiva que incluye el levantamiento del secreto bancario y fiscal de los implicados para auditar la evolución de sus patrimonios personales. En las próximas semanas, las autoridades judiciales deberán definir las medidas de prueba iniciales, lo que podría derivar en pedidos de informes a la Inspección General de Justicia (IGJ) y un análisis detallado de los libros contables de la entidad.