En una nueva jornada judicial por la causa de los Cuadernos, el financista y testigo arrepentido Leonardo Fariña brindó una declaración clave al asegurar que la totalidad de los ingresos de Austral Construcciones, la empresa emblemática del empresario Lázaro Báez, provenían de manera exclusiva de los fondos del Estado nacional. Su testimonio refuerza la hipótesis de los investigadores sobre el direccionamiento sistemático de la obra pública durante las administraciones kirchneristas.

Fariña, quien se presenta en calidad de imputado colaborador, detalló los mecanismos financieros que sostenían a la constructora. Según su exposición, la firma no contaba con clientes privados ni desarrollaba negocios comerciales ajenos al ámbito estatal, operando casi en su totalidad como una estructura diseñada para captar millonarios contratos de infraestructura, concentrados principalmente en la provincia de Santa Cruz.

El financista explicó ante el tribunal cómo este flujo ininterrumpido de dinero público le permitió a la compañía justificar un vertiginoso e inusual crecimiento patrimonial en tiempo récord. Esta declaración se enmarca en la investigación que busca desentrañar una presunta red de sobornos y retornos pagados por distintos empresarios a cambio de adjudicaciones oficiales, un entramado donde la firma de Báez es apuntada como una pieza central.

Los dichos del arrepentido suman un nuevo elemento probatorio para los fiscales del caso, quienes intentan demostrar de forma definitiva que Austral Construcciones no operaba bajo las lógicas del mercado competitivo. Por el contrario, la fiscalía sostiene que la empresa funcionó como una herramienta indispensable dentro de una asociación ilícita orquestada desde el poder político para desviar de manera sistemática los recursos del Estado.