La Justicia ordenó el peritaje del teléfono celular de un contratista vinculado al vocero presidencial, Manuel Adorni, con el objetivo de esclarecer una serie de transacciones financieras bajo sospecha. La medida busca reconstruir los movimientos económicos del implicado para determinar si existieron irregularidades en el manejo de fondos y en los vínculos comerciales mantenidos en el ámbito de la administración pública.

El análisis del dispositivo móvil se centra en la extracción exhaustiva de datos provenientes de aplicaciones bancarias, intercambios de mensajes y correos electrónicos. Los investigadores tienen la tarea de trazar la ruta del dinero, identificando los montos específicos, las fechas y los destinatarios de las transferencias realizadas. Toda esta información será cruzada posteriormente con los registros contables oficiales para detectar posibles desvíos, facturaciones irregulares o inconsistencias patrimoniales.

El avance de esta investigación genera expectativa en el plano político debido a la línea directa del contratista con el portavoz del Gobierno Nacional. Se prevé que, una vez que los peritos informáticos presenten el informe preliminar con las cifras exactas y el detalle técnico de las operaciones, el juzgado interviniente defina nuevas medidas probatorias y evalúe los próximos pasos procesales para los involucrados en el circuito financiero.