El Gobierno nacional formalizó su apelación contra el fallo judicial que suspendió temporalmente la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). La presentación legal de la Casa Rosada estuvo marcada por duros cuestionamientos hacia la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, el organismo que había impulsado la medida cautelar original para frenar el proceso.

En el escrito judicial, los representantes del Poder Ejecutivo rechazaron de plano la intervención de la entidad bonaerense. Los abogados del Estado argumentaron que la Defensoría carece de legitimación y competencia legal para interferir en decisiones de carácter federal y de política macroeconómica. Además, subrayaron que el organismo provincial no tiene potestad para representar a los usuarios de toda el área de concesión, que abarca también a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El conflicto se originó cuando la Justicia federal hizo lugar a un amparo que paralizó la transferencia de la compañía al sector privado, argumentando posibles vulneraciones al derecho de acceso al agua y exigiendo mayores garantías sobre el futuro esquema tarifario. Para el Gobierno, en cambio, la privatización se encuentra plenamente avalada por la legislación vigente y resulta una pieza indispensable dentro de su plan integral de reestructuración del Estado.

Ahora, el futuro de la compañía quedará en manos de la Cámara de Apelaciones, que deberá definir si revoca la suspensión y permite avanzar con la venta, o si la mantiene vigente mientras se debate la cuestión de fondo. AySA es una de las principales empresas públicas del país, encargada de brindar servicios de agua potable y cloacas a más de 14 millones de habitantes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y su privatización es considerada un objetivo prioritario para la actual gestión económica.