La morosidad en el sistema financiero registró un nuevo aumento durante el mes de mayo, un fenómeno que refleja el duro impacto de la coyuntura económica en las finanzas familiares. Como consecuencia directa de esta tendencia, casi 7 millones de personas quedaron excluidas del mercado formal y ya no están en condiciones de recibir ningún tipo de crédito.

Este marcado deterioro en el perfil de los consumidores se explica por la dificultad para afrontar los compromisos mensuales frente a la pérdida del poder adquisitivo. Ante la imposibilidad de cubrir la totalidad de sus gastos, una creciente cantidad de usuarios comenzó a atrasarse en el pago de cuotas de préstamos personales y a recurrir al pago mínimo de las tarjetas de crédito, lo que los empuja rápidamente hacia categorías de riesgo en los registros oficiales.

La cifra de afectados, que roza los 7 millones de individuos, genera preocupación tanto en el sector bancario como en el ámbito comercial. Al ingresar a un estado de irregularidad financiera, esta gran porción de la población pierde su capacidad para financiar compras a mediano y largo plazo, una situación que resiente de forma directa los niveles de consumo y frena el dinamismo del mercado interno.

Frente a este escenario, las entidades bancarias y las empresas *fintech* comenzaron a endurecer sus políticas de riesgo, elevando los requisitos para la aprobación de nuevos financiamientos. Mientras tanto, la reincorporación de estos millones de argentinos al sistema crediticio quedará atada a una eventual recomposición de los ingresos reales que les permita sanear sus deudas acumuladas.