El Gobierno avanza con una ley que prohíbe al BCRA financiar al Tesoro y convierte en delito la asistencia monetaria

El gobierno de Javier Milei avanza en un proyecto de ley para prohibir definitivamente que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) emita pesos para financiar el déficit del Tesoro. La iniciativa busca blindar jurídicamente la política de equilibrio fiscal y consolidar la baja de la inflación, limitando de forma estricta la capacidad del Estado para monetizar sus deudas.

Esta propuesta plantea un esquema de emisión nula, catalogando como delito cualquier intento de asistencia monetaria al fisco. El objetivo central de la Casa Rosada es restaurar la confianza en la moneda local y garantizar la independencia absoluta de la autoridad monetaria, un paso fundamental dentro del actual programa económico diseñado para secar la plaza de pesos y sostener el superávit.

El diseño de este proyecto genera inmediatas comparaciones con el exitoso modelo de Perú, país que logró erradicar la hiperinflación en la década de los noventa. En 1993, el Estado peruano reformó su Carta Magna para consagrar la autonomía del Banco Central de Reserva (BCRP) y prohibirle expresamente conceder financiamiento al Tesoro público. Esa normativa se mantiene inalterable y le permitió a la nación andina acumular más de tres décadas de estabilidad macroeconómica y una inflación de un dígito.

Sin embargo, los especialistas señalan diferencias estructurales y jurídicas clave entre ambos escenarios. Mientras que el modelo peruano se cimentó a través de una reforma constitucional —lo que le otorgó una solidez institucional a largo plazo—, la iniciativa argentina busca sancionarse mediante una ley del Congreso, la cual podría ser modificada por futuras mayorías parlamentarias.

A nivel económico, Perú implementó su prohibición de emisión en un contexto de libre flotación de capitales y un bimonetarismo orgánico donde el sol y el dólar conviven sin cepos. Por su parte, la administración de Milei busca establecer esta restricción legal como un puente hacia un sistema bimonetario formal, mientras aún gestiona la salida definitiva de las restricciones cambiarias vigentes en la Argentina.

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