La reciente decisión judicial de avanzar con el decomiso definitivo de los bienes de la familia Kirchner marca un punto de inflexión en las causas por corrupción que involucran a la expresidenta y a sus hijos, Máximo y Florencia. Tras el fallo, un vasto entramado inmobiliario valuado en miles de millones de pesos, distribuido entre la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Santa Cruz, pasará definitivamente a manos del Estado nacional.

El foco principal de la incautación recae sobre los emblemáticos complejos hoteleros ubicados en El Calafate. Estos establecimientos turísticos, que durante años fueron el eje de las investigaciones judiciales por presunto lavado de dinero a través de sociedades familiares, dejarán de pertenecer al clan. A esta pérdida de infraestructura comercial se suma la expropiación de una importante cantidad de terrenos y extensos lotes estratégicos en la Patagonia.

La medida de la Justicia también impacta de lleno en el patrimonio urbano de la familia. El decomiso incluye varios departamentos de lujo situados en zonas exclusivas del territorio porteño, como Recoleta y Puerto Madero, además de diversas propiedades residenciales y oficinas en Río Gallegos. Estos inmuebles, que hasta el momento eran administrados y alquilados a través de sus propias firmas inmobiliarias, cambiarán de titularidad.

En total, la disposición abarca decenas de propiedades físicas, participaciones accionarias y vehículos que serán transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Aunque los peritos oficiales continúan con la actualización de las tasaciones de este multimillonario acervo, el objetivo central del decomiso es recuperar el equivalente al perjuicio económico ocasionado a las arcas públicas, cerrando así uno de los capítulos patrimoniales más trascendentes del ámbito político y judicial.