El oficialismo avanzó en su estrategia para eliminar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), impulsando un debate clave en el Congreso de la Nación. Desde el Gobierno sostienen de forma categórica que este sistema «no le sirve a la sociedad» y argumentan que su derogación representaría un ahorro económico indispensable para las arcas del Estado.

La principal crítica de la administración nacional radica en el millonario costo que demanda la organización de los comicios y en la pérdida de su propósito original. Según los impulsores de la medida, las primarias terminaron convirtiéndose en una gigantesca encuesta nacional de carácter obligatorio financiada con fondos públicos, alejándose de su rol inicial como herramienta para dirimir las internas de los partidos.

Para avanzar con el proyecto, el partido gobernante intensificó las negociaciones en el ámbito legislativo con el objetivo de reunir los apoyos necesarios. La estrategia parlamentaria se centra en consolidar el respaldo de bloques aliados, fundamentalmente el PRO, y tender puentes con otros sectores de la oposición dialoguista. Este consenso es indispensable, dado que cualquier reforma electoral exige mayorías absolutas para lograr la media sanción.

De conseguir la aprobación parlamentaria, la iniciativa modificará drásticamente el calendario y la dinámica política del país, obligando a las distintas fuerzas a reestructurar y financiar sus propios métodos de selección de candidatos. Mientras tanto, el oficialismo mantiene el optimismo y acelera los diálogos de cara a los próximos turnos electorales.