El Gobierno nacional pondrá en marcha un estricto plan de fiscalización sobre las cadenas de supermercados y distribuidores mayoristas con el objetivo de frenar la evasión impositiva y la facturación irregular. La medida, impulsada de manera conjunta por el Ministerio de Economía y las autoridades tributarias, busca transparentar la cadena de comercialización y garantizar el cumplimiento fiscal en el sector de consumo masivo en todo el país.

Para llevar adelante esta ofensiva contra la informalidad, se ordenó el despliegue de más de 500 inspectores y la implementación de un nuevo sistema de monitoreo digital de carácter obligatorio. Esta plataforma tecnológica se encargará de cruzar en tiempo real los datos de ingreso de mercadería a los depósitos con las ventas finales registradas en las cajas. Según las estimaciones oficiales, las maniobras de subfacturación y las irregularidades en este eslabón comercial representan actualmente una pérdida de hasta el 15% en la recaudación del sector.

Los controles comenzarán a aplicarse de forma intensiva a partir de las próximas semanas, priorizando en una primera etapa a los grandes centros urbanos. El esquema de fiscalización prevé sanciones severas para los establecimientos que no logren justificar las inconsistencias en sus balances patrimoniales.

Las penalidades establecidas para quienes incumplan las normativas irán desde multas millonarias hasta la clausura preventiva de las sucursales involucradas. Con esta estrategia, el Ejecutivo apunta a incrementar los ingresos en las arcas del Estado atacando directamente los focos de evasión, sin necesidad de recurrir a la creación de nuevas cargas tributarias para los contribuyentes.