El gobierno de Javier Milei resolvió no otorgar el aval soberano necesario para que la provincia de Buenos Aires acceda a un crédito internacional de 270 millones de dólares. Esta decisión, que frena de lleno el ingreso de divisas para la gestión de Axel Kicillof, marca un nuevo episodio de tensión política y económica entre la Casa Rosada y la administración bonaerense.

Para que cualquier provincia argentina pueda recibir financiamiento por parte de organismos multilaterales, resulta indispensable contar con la firma y la garantía del Estado nacional. Al denegar este trámite administrativo, el Ejecutivo central impide de manera efectiva el desembolso de los fondos, los cuales estaban contemplados para sostener distintos proyectos de gestión, programas sociales y obras de infraestructura en el territorio provincial.

La medida se inscribe dentro de la estricta política de déficit cero y restricción del endeudamiento público que impulsa el equipo económico nacional. Como contrapartida, este rechazo representa un duro golpe para las finanzas de la jurisdicción más grande del país, obligando al gobernador Kicillof a recalcular sus estrategias y buscar alternativas de financiamiento en un escenario ya atravesado por la caída de la recaudación y el fuerte recorte de las transferencias discrecionales.