El gobierno de Javier Milei impulsa un plan para la eliminación gradual del Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios, conocido popularmente como el «impuesto al cheque». La iniciativa tiene como objetivo principal reducir de forma progresiva la carga fiscal sobre el sector productivo hasta lograr su erradicación definitiva en el año 2028.

La estrategia oficial consiste en implementar un esquema escalonado que permitirá a los contribuyentes computar un porcentaje cada vez mayor de este tributo como pago a cuenta de otras obligaciones, como el Impuesto a las Ganancias. Esta transición paulatina busca aliviar la presión tributaria sobre las empresas y los trabajadores independientes, garantizando al mismo tiempo que no se genere un desequilibrio abrupto en la recaudación y las cuentas públicas.

Considerado desde su creación en 2001 como uno de los gravámenes más distorsivos del sistema tributario argentino, el impuesto al cheque ha sido objeto de constantes reclamos por parte del empresariado. Desde el Ejecutivo sostienen que su eliminación es un paso fundamental para desalentar la informalidad financiera, impulsar las inversiones y mejorar la competitividad general de la economía.

Con esta medida, la administración nacional busca enviar una señal contundente a los mercados y al sector privado sobre su compromiso con la baja de impuestos. La meta de anular su impacto para 2028 se enmarca dentro del programa de estabilización macroeconómica a largo plazo, apuntando hacia una reforma estructural que simplifique definitivamente el entramado fiscal del país.