El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, expresó su fuerte descontento con el gobierno del presidente Javier Milei tras la autorización para importar bananas provenientes de países con riesgo fitosanitario. La medida, que permite el ingreso de fruta desde regiones afectadas por plagas agrícolas, encendió las alarmas en el norte argentino debido al impacto devastador que podría tener sobre la producción local y la economía de la provincia.

La controversia radica en la flexibilización de los controles de importación impulsada por la Casa Rosada que, según advierten desde el Ejecutivo salteño, expone a las fincas nacionales a enfermedades que hoy no están presentes en el territorio. Sáenz remarcó que esta decisión no solo representa una competencia desleal para los agricultores del noroeste, sino que pone en peligro inminente la sanidad de los cultivos autóctonos, echando por tierra años de inversión en prevención y bioseguridad.

En la provincia de Salta existen actualmente unas 3.500 hectáreas dedicadas a la producción bananera, una actividad fundamental que genera empleo para más de 4.000 familias y moviliza la economía de múltiples municipios. Frente a este escenario, las autoridades provinciales y las asociaciones del sector exigen que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) revierta la apertura indiscriminada o garantice barreras de control estrictas en las fronteras, argumentando que el ingreso de un brote externo podría erradicar las plantaciones locales en el corto plazo.

Este nuevo cortocircuito profundiza la tensión política entre la administración provincial y el Ejecutivo nacional. Mientras la gestión libertaria avanza con su agenda de desregulación comercial y apertura de mercados para fomentar la competencia interna, desde las provincias productoras reiteran la urgencia de resguardar el trabajo regional frente a importaciones que, más allá de la balanza económica, representan una amenaza sanitaria directa para el país.