Desde el inicio de la gestión libertaria, el Congreso de la Nación registró una reducción del 25% en su planta de personal. La medida, impulsada de manera conjunta por los titulares de ambas cámaras, Victoria Villarruel en el Senado y Martín Menem en la Cámara de Diputados, se alinea estrictamente con la política de recorte del gasto público y achicamiento del Estado que promueve el gobierno nacional.

El ajuste se instrumentó de manera progresiva durante los últimos meses a través de un esquema que combinó retiros voluntarios, la no renovación de contratos temporales y auditorías exhaustivas sobre la plantilla legislativa. Esta disminución de un cuarto del personal permitió concretar un ahorro significativo en la masa salarial mensual del parlamento, consolidando uno de los principales objetivos económicos de la administración actual.

Para llevar adelante esta reestructuración, las autoridades implementaron nuevos sistemas de control biométrico y revisiones de asistencia. Estas herramientas administrativas dejaron al descubierto diversas irregularidades estructurales y facilitaron la desvinculación de aquellos agentes que no lograban justificar sus funciones diarias o que correspondían a nombramientos políticos acumulados durante gestiones anteriores.

Mientras el oficialismo destaca este recorte como un avance histórico hacia la austeridad institucional y la optimización de los recursos públicos, la medida también generó fuertes debates internos. Desde los bloques opositores expresaron su preocupación frente a la magnitud del ajuste, advirtiendo que la pérdida de personal técnico y administrativo podría resentir el trabajo diario de las comisiones y el normal funcionamiento operativo del recinto.