La provincia de Salta registra un avance sostenido en la extranjerización de sus tierras rurales, un fenómeno que encendió las alarmas al confirmarse que varios departamentos superan el límite del 15% establecido por la Ley Nacional de Tierras. La tendencia, impulsada por la llegada de capitales internacionales atraídos por la riqueza agropecuaria y minera de la región, reabre el debate sobre la soberanía territorial y el manejo de los recursos naturales en el norte del país.

Los datos actuales exponen una situación crítica en distritos específicos como San Carlos, Molinos y General Güemes, que lideran el ranking provincial de tierras en manos de extranjeros. En estas jurisdicciones, el porcentaje de propiedades bajo titularidad foránea no solo perfora el techo legal del 15%, sino que en algunos casos llega a superar ampliamente esa cifra, evidenciando una fuerte concentración que contrasta con el promedio general del resto del territorio salteño.

Este escenario genera una creciente preocupación entre las comunidades locales, organizaciones sociales y pequeños productores, quienes advierten sobre el impacto socioeconómico y el riesgo de desplazamiento en las zonas afectadas. Frente a esta realidad, surgen nuevos reclamos para que los organismos de fiscalización intensifiquen los controles y garanticen el cumplimiento estricto de las normativas del Registro Nacional de Tierras Rurales.