Una nueva legislación orientada a blindar la propiedad privada, acelerar la restitución de inmuebles y limitar las expropiaciones ha entrado en vigencia, marcando un cambio profundo en el escenario legal y económico. La normativa, diseñada para dotar de mayor seguridad jurídica a los propietarios, introduce modificaciones de raíz frente a las ocupaciones ilegales y la intervención estatal, con el objetivo de revitalizar el mercado inmobiliario y proteger las inversiones.

El eje más resonante de la medida es la habilitación de los llamados «desalojos exprés». A partir de esta reforma, los dueños que enfrenten la usurpación de sus propiedades podrán recuperar el inmueble en un plazo agilizado de entre 10 y 15 días hábiles, dejando atrás los extensos procesos judiciales que históricamente llegaban a demorar hasta cuatro años. Para activar el procedimiento, el titular solo deberá acreditar la documentación correspondiente y presentar una denuncia formal, lo que autoriza el rápido accionar de la Justicia y las fuerzas de seguridad.

En paralelo, la ley fija barreras mucho más estrictas para las expropiaciones. Cualquier declaración de utilidad pública requerirá ahora de mayorías legislativas agravadas, eliminando la posibilidad de avanzar con aprobaciones simples. Además, se establece la obligación innegociable de abonar el 100% del valor de mercado de la propiedad, dictaminado por tasaciones actualizadas, antes de que se ejecute la toma de posesión. De esta forma, se cancelan los pagos diferidos y se garantiza una compensación inmediata y justa para el afectado.

Finalmente, el nuevo esquema endurece significativamente las sanciones penales y económicas para quienes organicen, promuevan o participen en la toma de tierras. Quienes infrinjan la norma enfrentarán multas millonarias y la pérdida automática de cualquier tipo de beneficio o asistencia estatal. Con este paquete de resoluciones, se busca erradicar las usurpaciones, brindar garantías sólidas a los dueños y reactivar una oferta de viviendas que se había retraído drásticamente debido a la falta de previsibilidad jurídica.