La Justicia intimó este lunes al vocero presidencial, Manuel Adorni, a que justifique el origen de sus bienes, luego de que la fiscalía a cargo de la investigación detectara presuntas irregularidades en su evolución patrimonial. La medida busca esclarecer las diferencias encontradas entre los ingresos declarados por el funcionario y el crecimiento registrado en sus activos.

El requerimiento judicial se originó en los tribunales federales a partir del análisis de las declaraciones juradas presentadas ante los organismos de control. Durante la revisión técnica, los investigadores advirtieron inconsistencias numéricas y saltos patrimoniales que no estarían debidamente respaldados por la documentación oficial, lo que motivó el pedido de explicaciones.

A partir de esta notificación formal, la defensa del portavoz gubernamental cuenta con un plazo legal estricto para aportar los comprobantes contables, extractos bancarios y registros financieros que certifiquen la legalidad y el origen de sus fondos. Esta documentación será determinante para que la fiscalía defina si desestima las sospechas o si decide avanzar con una imputación formal en la causa.