El fiscal federal a cargo de la investigación por el denominado «Vacunatorio VIP» solicitó avanzar penalmente contra todos los beneficiarios que recibieron dosis de manera irregular durante la pandemia. La medida busca determinar la responsabilidad de quienes se aplicaron la vacuna Sputnik V en el Ministerio de Salud y el Hospital Posadas, salteándose el esquema oficial y el orden de prioridad establecido por las autoridades sanitarias.

El dictamen apunta directamente a las 70 personas que integran el polémico listado de inmunizados de privilegio. Entre los nombres más resonantes que ahora quedan en la mira de la Justicia se encuentran el expresidente Eduardo Duhalde y su familia, el procurador del Tesoro Carlos Zannini, el periodista Horacio Verbitsky y los dirigentes Jorge Taiana y Eduardo Valdés, junto a otros empresarios, funcionarios y allegados al poder.

Hasta el momento, el expediente judicial se había centrado principalmente en quienes organizaron y facilitaron el circuito clandestino, un escándalo político que derivó en la renuncia del entonces ministro de Salud, Ginés González García. Sin embargo, el nuevo impulso del Ministerio Público Fiscal sostiene que quienes aceptaron el trato de favor también deben responder ante la ley, argumentando que fueron partícipes necesarios de una maniobra que desvió insumos críticos cuando las vacunas escaseaban para el personal de salud y la población de riesgo.

A partir de esta solicitud, la decisión procesal queda en manos del juzgado federal interviniente, que deberá definir si hace lugar al pedido y convoca a los implicados a prestar declaración indagatoria. De prosperar, el avance sobre los beneficiarios marcaría un punto de inflexión en la causa, abriendo una nueva etapa en la investigación sobre el uso irregular de bienes del Estado durante la emergencia sanitaria.